“En España hay más de 800 imputados por delitos urbanísticos en 50 Ayuntamientos”, publica el diario ADN. Leer estas noticias me hace perder la fe en la clase política y es que, las cifras hablan por sí solas.
España suma en los últimos años más de 800 imputados entre políticos, funcionarios o empresarios en diversas investigaciones anticorrupción en medio centenar de Ayuntamientos, la inmensa mayoría de los casos relacionados con operaciones urbanísticas.
La pelota de la corrupción pasa de un tejado a otro, utilizándose como arma arrojadiza en el debate político sin percatarse de que esta situación afecta a todos. Socialistas, populares, nacionalistas, municipios grandes, pequeños e incluso instituciones civiles se ven salpicadas en fraudes millonarios y sus dirigentes acusados de delitos como cohecho, malversación de capitales, prevaricación, tráfico de influencia y un largo etcétera.
Andalucía y Canarias tienen el dudoso honor de ser las comunidades con más imputados por corrupción, cada una con más de 200 personas. La operación Pretoria contra la corrupción en Cataluña de la última semana, y el sonado Caso Gürtel, engordan esta lista de despropósitos.
La figura de político ya es sinónimo de “chorizo”. No hay más que acercarse a cualquier bar y escuchar el pensamiento popular. “En vez de sedes políticas, debían montar charcuterías” escuché esta mañana. Pero, en realidad, no es cuestión para bromas.
La clase política tiene en sus manos el cambio. La necesidad de un reciclaje de base y de mano de la ley, es necesaria. La sociedad actual, cada vez más informada tal y como estudiamos en cualquier escuela de negocio, dispone junto con los medios de comunicación de una fuente continua de noticias bomba que no hacen más que minar la fe en el sistema democrático.
Ante una etapa dónde todos sufrimos ajustes por la crisis, vemos como una y otra vez aparecen casos de robo dónde una vez pasa la noticia, el hecho queda prácticamente sin castigo.
Un caso a parte es el ocurrido en Valencia, con una red de fraude totalmente conectada a nivel nacional. No sé en qué terminara todo o si finalmente Costa es culpable o no pero, tengo claro que actúa como un caradura. El cargo que ocupa tiene una responsabilidad, y si durante el ejercicio del mismo se han dado los acontecimientos que ahora salen a la luz, hubo de demitir y no aferrarse a un cargo para el que no ha estado a la altura evitando así el espectáculo en lo que todo esto ha derivado.
En definitiva, uno tras otro los casos se suceden, y la creencia en nuestra clase política desciende. No creo en la idea de deberse a un partido por encima de todo y creo, que debemos castigar estos actos, ya sea en la vía judicial o en las urnas, pero lo que el ciudadano no puede hacer es quedarse perplejo delante del televisor esperando escuchar la siguiente mentira.
